Designación del Fiscal Nacional: altura de miras
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Por segunda vez, el Senado rechazó el nombre del candidato a Fiscal Nacional propuesto por el Presidente de la República. Luego de que José Morales no consiguiera los votos necesarios para su ratificación, el Ejecutivo propuso el nombramiento de Marta Herrera para el cargo, quien obtuvo aún peores resultados que Morales en el Senado.
El asunto es grave. La crisis de seguridad y el auge de nuevas formas de criminalidad en el país hacen urgente una reforma al Ministerio Público. Parte de estas reformas dependen de la autoridad política, que debiera fortalecer los recursos y facultades del Ministerio Público, revisar su orgánica y líneas de mando, modificar los incentivos de los fiscales y, en suma, preparar al órgano persecutor para los desafíos del siglo en curso.
Es de esperar que las autoridades políticas comprendan la relevancia de la decisión que deben adoptar.
Sin embargo, una cuota importante de los desafíos son de responsabilidad del propio Fiscal Nacional que, además de colaborar con quienes diseñen las políticas públicas que afecten al Ministerio Público, debe mejorar los indicadores de gestión actuales con las herramientas con las que cuenta actualmente.
En consecuencia, es importante que la elección de un nuevo Fiscal Nacional esté alineada con estos fines, buscando al perfil idóneo para enfrentar desafíos institucionales que van más allá de la política partidista. Lamentablemente, el sistema político en su conjunto no ha mostrado la altura de miras requerida, convirtiendo la nominación del Fiscal Nacional en una discusión que busca demostrar la tesis del obstruccionismo del Senado o del amateurismo del Gobierno, en vez de centrar los esfuerzos en la búsqueda del candidato idóneo.
Es posible que parte del problema se deba al sistema de selección del Fiscal Nacional, pudiendo incorporarse elementos más complejos en el proceso, tendientes a mejorar el perfil de los candidatos. No obstante, todo sistema es perfectible y ninguno funciona si sus actores no actúan seriamente. En consecuencia, es de esperar que las autoridades políticas comprendan la relevancia de la decisión que deben adoptar y elijan un candidato capaz de hacer frente a los desafíos del Ministerio Público.
